CARTA DE FIRMA

La LCLAA se unió a organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, sindicales y de defensa social para instar al gobernador de Maryland, Wes Moore, a promulgar la Ley de Confianza Comunitaria y la Ley de Privacidad de Datos. Tras una intensa labor de presión sobre el terreno, ambos proyectos de ley se han promulgado y reforzarán la protección de las familias inmigrantes al limitar la colaboración entre las fuerzas del orden locales y el ICE, y al impedir el uso indebido de datos personales con fines de control migratorio. En un momento en el que los trabajadores inmigrantes y sus familias se enfrentan a un mayor temor e incertidumbre, estas medidas contribuirán a fomentar la confianza, proteger los derechos civiles y garantizar que todos los residentes de Maryland puedan acceder con seguridad a las escuelas, los servicios y las oportunidades sin temor a la separación familiar ni a la vigilancia.

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La LCLAA se ha sumado a organizaciones de inmigración, sindicales y de defensa de los derechos para instar al Departamento de Seguridad Nacional a que retire una propuesta normativa que impondría nuevas y perjudiciales barreras a los titulares del TPS y a los solicitantes de asilo. La norma pone en peligro la capacidad de los trabajadores para conservar su permiso de trabajo, mantener a sus familias y seguir contribuyendo a las comunidades y sectores que dependen de ellos. Los beneficiarios del TPS y los solicitantes de asilo son miembros esenciales de nuestra población activa y nuestra economía, y merecen políticas que reconozcan sus contribuciones, no obstáculos burocráticos que pongan en peligro su sustento.

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La LCLAA, junto con otras organizaciones de Pensilvania, insta a los representantes a que aprueben un programa integral y sostenible de permisos familiares y médicos remunerados en las próximas negociaciones presupuestarias. La aprobación de un programa de permisos remunerados supondría una victoria extraordinaria que reforzaría la seguridad económica de millones de familias del Estado y demostraría el poder de los esfuerzos bipartidistas para mejorar la vida de las familias trabajadoras.

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La LCLAA se une a diversas organizaciones de Pensilvania para instar al gobernador y al vicegobernador a que colaboren con la Asamblea Legislativa para aprobar un programa integral y sostenible de permisos familiares y médicos remunerados.

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La LCLAA se une a los líderes sindicales, los grupos de interés y los líderes comunitarios para oponerse al proyecto de ley 405 del senador Comyn, que propone la supresión del Monumento Nacional César Chávez. El proyecto de ley se ha elaborado sin consultar a las comunidades afectadas y no constituye el instrumento adecuado para abordar esta cuestión.

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El Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano (LCLAA) insta a los miembros del Congreso a que firmenla petición de tramitación del representanteDonald Norcross ( demócratapor Nueva Jersey) para someter a votación la Ley de Agilización de los Contratos Laborales (H.R. 5408). Este proyecto de ley bipartidista llega en un momento crucial, ya que los trabajadores y las familias de todo el país, especialmente los trabajadores latinos, se enfrentan al aumento de los costes, a represalias en el trabajo y a condiciones laborales inseguras.

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La carta insta al Congreso a rechazar los continuos intentos de difundir información errónea sobre el fraude en programas de prestaciones públicas como Medicaid, el SNAP, las ayudas para el cuidado infantil y las ayudas al alquiler, que se están utilizando para justificar recortes y restricciones perjudiciales. Subraya que las tasas de fraude son extremadamente bajas y que estas narrativas perjudican de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos y a las comunidades de color, al generar estigmas, limitar el acceso y convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios. La carta insta a los legisladores a proteger y reforzar los programas fundamentales de la red de seguridad social, a rechazar las políticas basadas en falsas acusaciones de fraude y a centrar la supervisión en los malos actores que explotan los sistemas para obtener beneficios, en lugar de atacar a las comunidades vulnerables.

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La carta insta a los miembros del Congreso a defender la privacidad de los contribuyentes, respetar el estado de derecho y proteger la integridad de los sistemas de datos federales, en respuesta a los crecientes intentos de utilizar las bases de datos gubernamentales para la aplicación de la ley de inmigración. En ella se destaca cómo las recientes prácticas de intercambio de datos —entre las que se incluye, entre otras cosas, la divulgación de información confidencial de los contribuyentes a las autoridades de inmigración— violan la legislación federal, socavan la confianza pública y ponen en peligro tanto a los trabajadores como a las familias. La carta insta al Congreso a: sumarse a un escrito amicus curiae del Congreso en apoyo de los recursos judiciales contra estas prácticas, celebrar audiencias de supervisión sobre las prácticas de intercambio de datos y promover protecciones más sólidas de la privacidad de los datos para garantizar que las agencias federales no se utilicen como arma contra las comunidades a las que deben servir. 

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La carta expresa una profunda preocupación por los textos propuestos y los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias que ampliarían los programas de visados de trabajo temporal H-2 (en particular el H-2B) sin abordar los problemas de larga data que dejan a los trabajadores migrantes en una situación de vulnerabilidad frente a la explotación y el abuso. Destaca cómo la estructura actual del programa, incluida la vinculación de los trabajadores a un único empleador, propicia el robo de salarios, las condiciones inseguras e incluso la trata de personas, al tiempo que rebaja los estándares laborales para los trabajadores estadounidenses. La carta insta al Congreso a rechazar estas ampliaciones y disposiciones perjudiciales, a reforzar la protección de los trabajadores y la aplicación de la ley, y a garantizar que cualquier cambio en el programa incluya reformas significativas, como la portabilidad de los visados, la prohibición de las tasas de contratación y la igualdad de estándares laborales. También insta a los legisladores a exigir responsabilidades a los empleadores, denegando el acceso al programa a quienes violen las leyes laborales, y a dar prioridad a políticas que protejan tanto a los trabajadores migrantes como a los estadounidenses, en lugar de ampliar programas que facilitan la explotación.

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La carta de comentarios, encabezada por la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes (PIF), insta al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) a retirar su propuesta normativa que negaría el acceso a viviendas subvencionadas con fondos federales a las familias de estatus mixto, incluidas aquellas con ciudadanos estadounidenses e inmigrantes en situación regular. Explica que la política rompería con décadas de precedentes, aumentaría la inestabilidad en materia de vivienda y obligaría a las familias a elegir entre la separación o el desalojo, con el riesgo de dejar sin hogar a decenas de miles de niños ciudadanos estadounidenses. La carta también expresa preocupación por el uso de sistemas de verificación defectuosos que podrían denegar erróneamente la asistencia a personas que cumplen los requisitos. Insta al HUD a que abandone la propuesta y mantenga las políticas actuales que ya permiten a las familias que cumplen los requisitos acceder a una vivienda estable y asequible.

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La LCLAA se une a más de 200 organizaciones y expertos, tal y como se refleja en una reciente declaración conjunta coordinada por Amnistía Internacional EE. UU., para lanzar una alerta urgente sobre los riesgos de una mayor escalada y las devastadoras consecuencias para la paz, la seguridad y la vida humana a nivel mundial. Como organización arraigada en la lucha por la justicia, la dignidad y la protección de los trabajadores, la LCLAA analiza esta escalada desde la perspectiva de su impacto humano y económico.

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En nombre de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos; de los copresidentes de nuestro Grupo de Trabajo sobre el Censo, Asian Americans Advancing Justice – AAJC y NALEO Educational Fund; y de las organizaciones abajo firmantes, agradecemos esta oportunidad de presentar comentarios sobre la Prueba Operativa de 2026 en apoyo del Censo de 2030 descrita en el avisodel Registro Federalcon número de expediente USBC-2026-0034, «Actividades de recopilación de información de la agencia; Presentación a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) para su revisión y aprobación; Solicitud de comentarios; Prueba operativa de 2026 en apoyo del Censo de 2030» («Aviso»).  

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La LCLAA, junto con más de 100 organizaciones transnacionales, nacionales, estatales y locales,insta al recién nombrado secretario de Seguridad Nacional, MarkwayneMullin, yaldirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), Joseph B. Edlow, a que adopten medidas correctivas inmediatas para poner fin a la desinformación que existe desde hace tiempo sobre la fecha de caducidad correcta de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) prorrogados automáticamente para los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador. Esta confusión ha dado lugar al despido indebido de miles de trabajadores con autorización legal en todo Estados Unidos. 

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La carta expresa una firme oposición al proyecto de ley S. 1383, la «Ley SAVE America», al proyecto de ley H.R. 7300, la «Ley Make Elections Great Again», y al proyecto de ley H.R. 22, la «Ley SAVE» original. Insta al Senado a rechazar estas medidas, que, de aprobarse, impondrían requisitos innecesarios de prueba de ciudadanía y crearían nuevas barreras para el ejercicio del voto. Subraya que estas propuestas se basan en información errónea sobre el fraude electoral y excluirían a millones de votantes con derecho a voto, al tiempo que supondrían una carga para los funcionarios electorales. En conjunto, estas propuestas amenazan con socavar nuestra democracia al dificultar que las comunidades de color y los trabajadores ejerzan su derecho fundamental al voto.

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La LCLAA se unió a una carta conjunta liderada por el Centro Nacional de Derecho de la Mujer en la que se instaba a los miembros del Congreso a copatrocinar la Ley para poner fin al acoso mediante el refuerzo de la responsabilidad y el rechazo de la discriminación (BE HEARD) en el lugar de trabajo, una legislación que reforzaría la responsabilidad, combatiría el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo y promovería la igualdad, la seguridad y la dignidad de millones de trabajadores.

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Como parte de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, la LCLAA se sumó a los comentarios en respuesta al aviso de la Oficina del Censo sobre la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) y la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (PRCS).

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LCLAA se unió a 125 organizaciones de derechos civiles, inmigración y religiosas en una carta conjunta liderada por UndocuBlack Network, African Communities Together, National Action Network y CAIR-MN. La carta destaca cómo las recientes medidas federales, entre ellas la terminación del TPS para los países con mayoría negra, la imposición de prohibiciones generales de visados que afectan de manera desproporcionada a las naciones africanas y caribeñas, y la detención de refugiados somalíes investigados a través de la Operación PARRIS, han desestabilizado a las comunidades de inmigrantes negros. Por lo tanto, la carta insta al Caucus Negro del Congreso a que utilice su liderazgo y su autoridad de supervisión para detener la aplicación discriminatoria de la ley contra los refugiados negros, restablecer y proteger programas humanitarios como el TPS, investigar las condiciones de detención y reforzar el apoyo a las familias afectadas.

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La LCLAA se unió a más de 240 organizaciones nacionales para instar al Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado a que frene la peligrosa expansión de los poderes de vigilancia del DHS, que alimentan la discriminación racial y los abusos de los derechos civiles. La carta insta al Congreso a que detenga la militarización de los datos personales, restrinja los programas de vigilancia invasiva y biométricos, e imponga medidas estrictas de supervisión y rendición de cuentas para evitar la creación de un estado de vigilancia permanente que amenace a todas las comunidades.

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Como parte de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, la LCLAA se sumó a los comentarios en respuesta al aviso del Departamento de Educación sobre la definición propuesta de «título profesional» a efectos de los límites de los préstamos. La carta advierte que la propuesta del Departamento de excluir los títulos clave de posgrado de la designación profesional reduciría drásticamente el acceso a los préstamos federales, lo que limitaría de manera desproporcionada las oportunidades de posgrado para las mujeres y los estudiantes de color, empujando a muchos hacia préstamos privados más arriesgados que profundizan las brechas raciales y de género existentes en materia de riqueza. 

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La LCLAA, junto con una coalición de más de 50 organizaciones sindicales, de derechos civiles, religiosas y de defensa de los inmigrantes, emitió una carta en la que pedía la destitución inmediata de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem. Dirigida por Voto Latino, la carta fue entregada a los líderes del Congreso, instando a la Cámara de Representantes a que aprobara los artículos de destitución de la representante Robin Kelly. La coalición describe graves ejemplos de violaciones de derechos bajo el liderazgo de la secretaria Noem, entre los que se incluyen la obstrucción de la supervisión del Congreso, el uso ilegal de fuerza letal y la persecución de menores, redadas ilegales a ciudadanos estadounidenses, la privación del debido proceso, la violación de órdenes judiciales y la detención ilegal de ciudadanos tribales.

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LCLAA se unió a más de 430 organizaciones nacionales, estatales y locales en una carta conjunta liderada por CLASP en la que se insta al Congreso a proteger los lugares sensibles en medio de las negociaciones sobre la financiación del DHS. La carta pide a los miembros del Congreso que apoyen a los niños y las familias codificando las protecciones bipartidistas de larga data para los «lugares sensibles» mediante la incorporación de la Ley de Protección de Lugares Sensibles en la legislación sobre gastos del DHS. Esto garantizaría que las escuelas, las guarderías, los centros de salud y los lugares de culto estén a salvo de medidas coercitivas perturbadoras y traumáticas. La protección de los lugares sensibles no solo tiene que ver con la protección de los niños y las familias inmigrantes, sino que es esencial para la estabilidad de nuestras comunidades, la fortaleza de nuestra mano de obra y nuestra economía, y el bienestar colectivo de las comunidades de todo el país.

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El 4 de septiembre de 2025, 475 trabajadores, 175 de los cuales eran latinos, fueron separados por la fuerza de sus familias durante la mayor redada de inmigración realizada en un solo lugar, en la planta Metaplant America (HMGMA) del Grupo Hyundai Motor en Ellabell, Georgia. LCLAA, junto con otras siete organizaciones latinas y 19 socios nacionales, envió una carta a Hyundai instando a la empresa a cumplir su compromiso con Georgia apoyando a los trabajadores y las familias que hacen posible sus operaciones e innovación. Todos los trabajadores merecen respeto, dignidad y protección.

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Nosotros, las organizaciones de derechos civiles y derechos humanos abajo firmantes, le instamos a decir «basta ya». El Congreso debe poner freno a la violencia y la anarquía que ponen en peligro a nuestras comunidades. En concreto, le pedimos que se niegue a aumentar la financiación destinada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, y que exija que cualquier proyecto de ley de asignaciones presupuestarias para el Departamento de Seguridad Nacional restrinja y exija la rendición de cuentas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en materia de inmigración.

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CARTA DE ADHESIÓN DE LA ACLU

Las 1025 organizaciones abajo firmantes escribimos para expresar nuestro horror, indignación y profundo dolor por la noticia de que agentes federales han ejecutado a un ser humano a plena luz del día en las calles de Minneapolis. ¿Cuántas personas más tienen que morir, cuántas mentiras más hay que contar y cuántos niños más deben ser utilizados como cebo y secuestrados antes de que el Congreso cumpla con sus responsabilidades y detenga a estas agencias fuera de control para que dejen de atacar violentamente a nuestras comunidades de inmigrantes y de color, así como a sus numerosos aliados y simpatizantes?

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CARTA DE LA RED DE VIGILANCIA DE LAS DETENCIONES

El 9 de enero de 2025, LCLAA se unió a cinco organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y de la comunidad latina para instar a los legisladores de Delaware a que apoyaran el proyecto de ley SB 63, que responsabilizaría a los contratistas generales por clasificar erróneamente a los trabajadores como contratistas independientes y anteponer los beneficios económicos a la seguridad y la protección de los trabajadores. El proyecto de ley contribuiría a garantizar que todos los trabajadores de Delaware reciban la protección básica que merecen por el trabajo fundamental que realizan en nuestras comunidades día tras día.

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