Nuestra democracia depende de que todos los ciudadanos estadounidenses con derecho a voto tengan una oportunidad justa y accesible de participar en nuestras elecciones. La ley federal ya prohíbe el voto de los no ciudadanos, y los estados ya cuentan con sistemas para verificar la elegibilidad de los votantes y corregir los raros errores administrativos que se producen.